Durante una década, entre 1996 y 2006, conocí muy de cerca la realidad social, política cultural y religiosa de Chiapas. Constantes viajes a/y estadías en la entidad, mayormente en las zonas indígenas, me permitieron compenetrarme en las transformaciones sociorreligiosas del estado menos católico y/o con el mayor porcentaje de población evangélica de México. Lo anterior ha sido reportado por los censos desde 1970 hasta el más reciente de 2020. Estoy en el proceso de compilar mis escritos sobre mi etapa chiapaneca, que una vez reunidos espero publicar con el título De otros indios y otras resistencias. Pueblos indígenas y cristianismo evangélico en Chiapas. Ofrezco aquí uno de los mencionados escritos, la segunda parte de mi ponencia en el XI Encuentro Nacional Estado, Iglesias y Grupos Laicos, que tuvo lugar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México, 2-5 de diciembre de 1997.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los expulsados

El problema de las expulsiones de indígenas protestantes comenzó a recibir más atención cuando el alzamiento del EZLN hizo que la situación de Chiapas, en general, se convirtiera en asunto nacional e internacional. Los líderes de los expulsados consideraron que su situación debería ser incorporada en el pliego a presentar por los zapatistas al comisionado del gobierno federal, Manuel Camacho Solís. Fue así que en su carta (15 de febrero de 1994) dirigida al subcomandante Marcos, los evangélicos le solicitaron que su caso tuviera cabida en la agenda de las negociaciones entre representantes del EZLN y el comisionado, que iniciarían el 20 de febrero.

En la misiva los evangélicos demandaban atención en lugar de “se (nos ignore) o se nos deje fuera de las negociaciones de nuestro grave problema de las expulsiones indígenas de los municipios de Zinacantán, Chamula, Mitontic, etc.”.[1] La respuesta del subcomandante Marcos está fechada dos días después de la carta de los protestantes, él escribió a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN. En un fragmento de la misma los zapatistas dejan muy clara su posición sobre el tema: “Los hombres y mujeres todos merecen libertad y respeto a su pensamiento y creencia. Por esto, la exigencia del retorno incondicional de todos los expulsados a sus legítimas tierras y el castigo a los que oprimen a su raza y desangran a sus hermanos aparece en lugar importante en nuestras demandas y en el camino del mundo de justicia y verdad que habrá de nacer de nuestra muerte”.[2]

La causa de los expulsados fue integrada al documento de demandas zapatistas del 1º de marzo, el tema se encuentra en el punto vigésimo octavo. Poco a poco el asunto se fue diluyendo, hasta que el mismo quedó ausente en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Según el subcomandante Marcos el EZLN quería recuperar el tópico en las negociaciones que se verificarían con el gobierno federal en la mesa 3 (Bienestar y desarrollo).[3] Pero la ruptura del diálogo entre las partes empezó a perfilarse desde el 2 de mayo de 1996, cuando en Tuxtla Gutiérrez se dictó sentencia a Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Gómez Entzín, por 13 y 6 años de prisión respectivamente.[4]

El factor religioso en las expulsiones

El estudio desde las ciencias sociales del fenómeno de las expulsiones en Los Altos, y más recientemente en el Norte de Chiapas, es un tema que ha ido creciendo en el interés de lo(a)s investigador(a)s. Existe un cúmulo importante de estudios que explican el por qué las comunidades reaccionan desterrando a quienes no comparten las creencias religiosas dominantes. Por ejemplo, María Isabel Pérez Enríquez hace un recorrido por la historia económica y social chiapaneca, y elabora un resumen acerca de las distintas posiciones teóricas en sociología de la religión, pero, aunque el centro de su pesquisa son las expulsiones en tres municipios alteños, dedica poco espacio a estudiar la disidencia religiosa como detonante en los hostigamientos y persecuciones que enfrentan los evangélicos, mormones y testigos de Jehová. Si bien es cierto que esta autora, por su trabajo de campo, concluye que el “desencadenamiento de los fenómenos expulsores se da directamente por causad religiosas, aun cuando paralelamente en esos conflictos existan otro tipo de problemáticas”,[5] la profundización en cómo se dan los enfrentamientos y la fuerza que tiene como sentido de vida lo religioso para los indígenas queda subsumido de alguna manera a lo político y económico.

Otra investigadora, Manuela Cantón Delgado, ha explicado las expulsiones de San Juan Chamula como resultado de la amenaza de los conversos cristianos evangélicos y grupos paracristianos (mormones, testigos de Jehová, principalmente) al sistema de “las prácticas tradicionales-sincréticas del llamado catolicismo popular (‘costumbre’)”, y el cambio de ellas por “prácticas y discursos procedentes de organizaciones de filiación protestante”.[6] Pero también presenta el conflicto como “una pugna básica entre poseedores y desposeídos, que los medios de comunicación y los propios interesados tratan de presentar como una lucha entre católicos y protestantes”.[7] Es decir, una y otra parte estarían encubriendo el verdadero motivo, económico, de sus diferencias.

Es cierto que existen componentes económicos en el problema de las expulsiones, sin embargo tales componentes son un desprendimiento de la identidad religiosa elegida por quienes padecen represiones por su elección. La conversión al cristianismo evangélico y otras confesiones no católicas, imbuye a los indígenas de una conciencia económica distinta a la que tenían cuando compartían la fe hegemónica. Esto es algo que notamos en nuestros propios estudios de campo, pero que hace falta investigar más sistemáticamente, para documentar qué tipo de relación existe entre nueva adscripción religiosa y hábitos de producción y consumo en los conversos evangélicos, mormones y testigos de Jehová.

En otro campo, el de la sexualidad y los hábitos reproductivos, ya contamos con indicios claros de que los convertidos al protestantismo implementa una ética diferente a la generalizada entre los indígenas católicos. El pastor tzotzil presbiteriano, Felipe Hernández Arias, se ha dado a la tarea de difundir entre los congregantes que atiende en distintas comunidades (es un pastor itinerante), que la virilidad no depende del número de hijo(a)s que un hombre pueda procrear, que hay lugar para el goce en las relaciones sexuales entre esposos, y que la planificación familiar es aprobada por la Biblia. Incluso él y un grupo de paramédicos indígenas, también de fe evangélica, han logrado vencer las reticencias de un número significativo de varones para que acepten hacerse la vasectomía.[8] Este es otro tema en el que igualmente habría que investigar, para comprobar que incidencia tiene las nuevas prácticas sexuales en la atracción de otro(a)s posibles candidato(a)s a incorporarse a congregaciones como en las que trabaja Hernández Arias. Pero creo sería una exageración, o reduccionismo, decir que la gente se convierte a los grupos evangélicos en las zonas indígenas porque quiere tener menos hijos o busca, fundamentalmente, una mejor posición económica.