Durante una década, entre 1996 y 2006, conocí muy de cerca la realidad social, política cultural y religiosa de Chiapas. Constantes viajes a/y estadías en la entidad, mayormente en las zonas indígenas, me permitieron compenetrarme en las transformaciones sociorreligiosas del estado menos católico y/o con el mayor porcentaje de población evangélica de México. Lo anterior ha sido reportado por los censos desde 1970 hasta el más reciente de 2020. Estoy en el proceso de compilar mis escritos sobre mi etapa chiapaneca, que una vez reunidos espero publicar con el título De otros indios y otras resistencias. Pueblos indígenas y cristianismo evangélico en Chiapas. Ofrezco aquí uno de los mencionados escritos, la primera parte de mi ponencia en el XI Encuentro Nacional Estado, Iglesias y Grupos Laicos, que tuvo lugar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México, 2-5 de diciembre de 1997.

Hace treinta años iniciaron los actos de violento hostigamiento contra los creyentes evangélicos indígenas en Los Altos de Chiapas, particularmente en el municipio de San Juan Chamula y sus poblaciones cercanas. Aunque los agredidos han llevado un registro de los ataques y expulsiones de que han sido objeto, su situación no ha movilizado amplia solidaridad entre organizaciones no gubernamentales, intelectuales y la opinión pública. Incluso se puede afirmar que sus mismos compañeros de creencias, evangélicos agrupados en muy variadas denominaciones y organismos en otras partes del estado y del país, tampoco han externado apoyos importantes a los protestantes chiapanecos expulsados de sus comunidades de origen por quienes los consideran un peligro para la cohesión étnica.

Número de expulsados y su justificación

Existen diversos cálculos acerca de cuántos indígenas han sido desarraigados por la fuerza de sus poblados. Algunas fuentes hablan de entre 15 y 20 mil,[1] y datan el inicio de las expulsiones a mediados de la década de los 70’s del siglo XX.[2] Por su parte organizaciones de los mismos afectados daban a finales de 1993 la cifra de 33,531 expulsados, para entonces reubicados en “aproximadamente 36 colonias localizadas en los municipios de San Cristóbal [de Las Casas] y Teopisca”.[3] Fechan el comienzo de los desarraigos violentos a finales de los 60´s. En este último recuento se dice que en “casi todos los municipios de Los Altos ha habido expulsiones de evangélicos. Incluso tomando como cierta la cifra menor de desterrados, el problema debió hace mucho tiempo llamar la atención de personajes y organismos defensores de los derechos humanos.

            La primera vez que los representantes de los chamulas evangélicos expulsados trataron de llamar la atención pública nacional hacia su problema fue en 1985. El 25 de julio de ese año, en el Hemiciclo a Juárez y no en el Zócalo o frente a Los Pinos, anunciaron que realizarían un plantón a la entrada del Palacio Nacional, para pedir la intervención del presidente Miguel de la Madrid en la solución de la grave situación en que estaban inmersos. En carta al titular del poder ejecutivo le hacían saber las condiciones cotidianas de su involuntario exilio en la antigua capital de Chiapas: “Para los que vivimos en la ciudad de San Cristóbal nuestras vidas han cambiado, nuestro trabajo es diferente, hoy somos trabajadores que vivimos del salario muchas veces debajo de lo que marca la ley y luego no hay trabajo […]
 Nuestras mujeres hacen y venden artesanías […] pero luego son molestadas por los trabajadores del ayuntamiento por ser indias y les cobran el derecho de piso aunque no vendan nada”.[4] En la presidencia de la República no les hicieron caso, como tampoco les prestaron atención en otras instancias de la sociedad política.

            Uno de los principales problemas al que se enfrentan los expulsados por hacerse escuchar y entender, por parte de un sector amplio de la población que no comparte sus creencias religiosas, es precisamente la naturaleza de la fe que los indígenas evangélicos profesan. Una fe que es considerada extraña y hasta peligrosa para las comunidades tradicionales. En dichas comunidades uno de sus rasgos constitutivos es la homogeneidad cultural, con lo religioso como una parte fundamental de su identidad. Por eso cuando en 1992 se intentó encontrarle una salida negociada al problema de las expulsiones, la parte integrista y defensora de la cohesión comunitaria expuso que la disidencia religiosa no debía ser tolerada en las poblaciones que se identificaban mayoritariamente con una expresión religiosa determinada, el “catolicismo de la costumbre”.[5] Fue el diputado local Mariano López Gómez, procedente de San Juan Chamula y señalado como expulsador de evangélicos, quien presentó una iniciativa en que se proponía darle estatus legal a los destierros forzosos:

Cuando alguno o algunos integrantes de la comunidad se resistan al acatamiento de lo dispuesto en esta ley y sistemáticamente o de manera evidente decida no respetar las lenguas, dialectos o culturas en sus expresiones de costumbres y tradiciones, se entenderá como su disposición de no pertenecer a la comunidad. [Esta actitud] se sancionará con la pérdida de la calidad de miembros de la comunidad y la consecuente obligación para los infractores de dejar de pertenecer a ella y trasladar fuera de esa jurisdicción su domicilio y actividades laborales.[6]

Una postura muy parecida a la del líder chamula, fue la externada por José Luis Cuellar, uno de los asesores gubernamentales en las negociaciones con los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encuentros que concluyeron con la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (febrero de 1996). Cuellar respondió a objeciones de quienes consideraron que en el documento firmado por el EZLN y el gobierno federal estaba ausente el tópico de la libertad de cultos en los municipios indígenas. José Luis Cuellar respondió que lo pactado había que ubicarlo “en el contexto cultural chiapaneco”.

            A la violencia cotidiana que margina, hostiga y ataca físicamente a los creyentes evangélicos, pero también a testigos de Jehová y mormones, Cuellar cree que es necesario primera comprenderla y, después, de alguna manera aceptarla como normal. En sus palabras: “En la esfera de las creencias simbólicas, parece que los indígenas estuvieran emprendiendo ya un camino de regreso, o de reconciliación al menos, con lo que fueron, son y quieren ser”. ¿Cómo se ha dado ese camino de regreso señalado por José Luis Cuellar? Aconteció que, supuestamente, el expulsado ya reconsideró lo errado de ejercer la libertad de conciencia al “no respetar las tradiciones, sus prácticas y cargos, y que hoy está de vuelta, ha pedido perdón y lo ha obtenido porque ha encontrado finalmente que ni todo lo que antes había practicado era bueno, ni todo lo que le dio la nueva fe es suficiente. Ahora pasa por un proceso de reincorporación largo que requiere humildad, disciplina, lealtad y respeto. Cumple los cargos [religiosos impuestos por los tradicionalistas, CMG] que le encomiendan y ha recuperado —no sin condiciones— sus tierras y derechos”.[7] En este proceso de reincorporación, que se pone como ejemplo, queda sacrificada la libertad personal y grupal de quienes han elegido y expresan un credo religioso distinto del dominante en un territorio.

Notas

[1] Memoria de las Audiencias Públicas sobre las expulsiones indígenas y el respeto a las culturas, costumbres y tradiciones de esos pueblos, Congreso del Estado de Chiapas, 22-23 de abril 1992; Manuela Cantón Delgado, “Las expulsiones indígenas en Los Altos de Chiapas: algo más que un problema de cambio religioso”, Mesoamérica, núm. 33, junio de 1997, p. 148.

[2] Gaspar Morquecho Escamilla, “Veinte años de expulsiones en Los Altos de Chiapas”, Cuadernos Agrarios núms. 8-9, 1994, pp. 49-57.

[3] Juan Rico, “San Juan Chamula y las expulsiones de evangélicos: datos estadísticos, de ubicación, economía, religión y política”, Comunión, núm. 9, diciembre 1993, pp. 7-9.

[4] Rosa Rojas, Chiapas, la paz violenta, Ediciones La Jornada, México, 1995, pp. 109-110.

[5] En la Audiencia Pública convocada por el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, que tuvo lugar en San Cristóbal de Las Casas, 22.23 de abril de 1992, participaron 45 ponentes entre abogados, autoridades tradicionalistas indígenas, intelectuales y representantes de los expulsados.

[6] Rosa Rojas, op. cit., pp. 117-118.

[7] José Luis Cuellar Garza, “La ruta de los acuerdos de Larráinzar”, Vuelta, núm. 233, abril 1996, pp. 147-169.