El gobierno británico ha presentado nuevas propuestas para prohibir las denominadas “terapias de conversión” en Inglaterra y Gales.
El gobierno del partido Laborista (socialdemócratas) ha publicado el texto de un proyecto de ley que, según afirman, “subsanará las lagunas legales para proteger a las personas de abusos abominables”.
El documento, de 20 páginas, presentado a finales de junio de 2026, tiene como objetivo “proteger a las personas LGBT+ del maltrato físico y psicológico destinado a cambiar su identidad”.
El gobierno afirma que “estas prácticas abominables siguen teniendo lugar hoy en día, y hay personas que sufren maltrato físico, sexual, económico y psicológico”.
Olivia Bailey, ministra de Igualdad del Reino Unido, afirmó que existen “lagunas legales” en el país que “han dejado a las personas LGBT+ en una situación de vulnerabilidad (…) y por eso debemos legislar”.
De acuerdo a la propuesta de ley, cualquier persona que sea declarada “culpable de llevar a cabo prácticas de conversión abusivas podría enfrentarse a una multa ilimitada, una pena de prisión de hasta 5 años, o ambas”, según indica un comunicado de prensa del gobierno.
Varias organizaciones LGBTQI expresaron su apoyo a dicha ley.
Saba Ali, de la Coalición para la Prohibición de la Terapia de Conversión, afirmó: “A nadie se le debería decir jamás que no puede ser quien es ni amar a quien ama. Las identidades LGBTQ+ son hermosas, diversas y deben celebrarse; sin embargo, siguen produciéndose en todo el Reino Unido intentos de cambiarlas y reprimirlas, lo que causa un profundo sufrimiento”.
Alianza Evangélica: “Limita el apoyo de los padres y la libertad de las iglesias”
La Alianza Evangélica del Reino Unido (EAUK, por su siglas en inglés) ha advertido de que los planes del gobierno crean riesgos innecesarios para las familias, los padres y los grupos religiosos.
“La Alianza Evangélica se ha pronunciado sistemáticamente en contra de las actividades forzadas y abusivas relacionadas con la orientación sexual de una persona o con el hecho de que alguien se considere transgénero”, afirmaron en un comunicado el 25 de junio.
Al mismo tiempo, esta organización evangélica de Inglaterra se ha “pronunciado regularmente contra los peligros de una ley mal redactada que limita la libertad de las iglesias y el apoyo que los padres y cuidadores brindan a los niños”.
Las propuestas anteriores para abordar las denominadas “terapias de conversión” ya eran preocupantes, y las actuales “son demasiado subjetivas, carecen de claridad y plantean un riesgo enorme de criminalizar a los padres y la actividad de las iglesias”, afirma la EAUK.
Peter Lynas comentó: “Las propuestas socavan de manera fundamental el papel de los padres y cuidadores, al tiempo que ignoran la libertad de religión y de creencias. La definición de prácticas abusivas es totalmente subjetiva y podría dejar a un amplio abanico de personas en riesgo de ser procesadas incluso años más tarde”.
Para la entidad que representa a cientos de iglesias evangélicas de una amplia variedad de confesiones en el Reino Unido, los planes del gobierno son “decepcionantes” porque “han ignorado” las preocupaciones planteadas por las familias y los grupos religiosos.
“Trabajaremos con otros para impugnar estas propuestas”, ha declarado la Alianza Evangélica.
Christian Concern: “Abre la puerta a acusaciones falsas contra padres y pastores”
Entre otros grupos que no ven la necesidad de una nueva ley se encuentra Christian Concern.
”Las prácticas verdaderamente abusivas que implican daños físicos no ocurren y ya estarían contempladas por la legislación vigente”, afirma este organismo cristiano de defensa de los derechos civiles en un comunicado tras examinar el proyecto de ley presentado por el gobierno.
“Este proyecto de ley abre la puerta a la persecución de padres y pastores mediante falsas acusaciones de prácticas de conversión abusivas”.
Además, “elude por completo las cuestiones sobre qué acciones son realmente dañinas o abusivas, y en su lugar utiliza términos como “palabras controladoras o coercitivas”, “uso de presión económica” y “uso de presión psicológica o emocional”.
Christian Concern advierte de que “los tribunales podrían crear divisiones entre adolescentes angustiados y sus padres, a instancias de las autoridades locales, sin que se haya producido ningún daño. Se dirá que los pastores que enseñan la visión cristiana, bíblica e histórica de la sexualidad —según la cual debemos arrepentirnos de los pecados sexuales— están ejerciendo presión psicológica y emocional sobre los miembros de sus iglesias”.
Por otra parte, “alguien que reciba con gratitud el asesoramiento y la oración, pero que más tarde rechace su fe, podría afirmar que recibió la oración y el asesoramiento bajo presión psicológica y achacar cualquier dificultad que siga teniendo a las ‘prácticas de conversión’ a las que fue sometido”.
La organización, con sede en Londres, ha lanzado una página web con recursos llamada “Free To Talk” (Libre para hablar), en la que hace un llamamiento para “detener la prohibición de conversar”.
España también aprueba sanciones
Coincidiendo con el mes de las celebraciones del Orgullo LGBTQI, España también ha introducido medidas relacionadas con las “terapias de conversión”.
El Congreso de los Diputados ha aprobado, a propuesta del gobierno (PSOE), una enmienda al Código Penal, con 178 votos a favor, 32 en contra y 138 abstenciones.
Esta establece penas de prisión “de entre seis meses y dos años y una multa de entre ocho y veinticuatro meses para quien aplique o practique” dichas terapias a una persona, “incluso con su consentimiento o el de su representante legal”, con el objetivo de “modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, identidad de género o expresión de género”.
Las cifras oficiales del gobierno español muestran que, en los últimos tres años, el Ministerio de Igualdad solo ha recibido 23 denuncias al respecto: 20 han sido archivadas y 3 se encuentran actualmente en trámite.
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