El gobierno turco ha respondido al Parlamento Europeo, que la semana pasada exigió a Ankara que pusiera fin a la expulsión de cristianos extranjeros. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno turco acusa a los representantes de los países de la Unión Europea de verter “acusaciones infundadas”.
En una resolución aprobada por una amplia mayoría el 12 de febrero de 2026, la cámara de la UE condenó el hecho de que “pastores cristianos, misioneros y sus familiares hayan sido deportados de Turquía y se les haya denegado la reentrada mediante la aplicación de las medidas administrativas ‘N-82’ y ‘G-87’, que los designan como amenazas a la seguridad nacional sin pruebas, juicio ni medios efectivos de apelación”.
La respuesta de Ankara
En una breve respuesta oficial, el gobierno turco afirma que las “afirmaciones relativas a la libertad de expresión y de religión en nuestro país que figuran en la resolución titulada ‘Expulsión selectiva de periodistas extranjeros y cristianos extranjeros en Türkiye’ contradicen los hechos”.
Además, el comunicado exige que el Parlamento Europeo no intente “interferir en nuestros asuntos internos”, añadiendo que estos “esfuerzos contra nuestro país” obstaculizan el acercamiento que el país y la Unión Europea intentan lograr en materia comercial.
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Permisos de residencia revocados sin pruebas
Uno de los líderes protestantes a los que Turquía ha expulsado "de facto" es Carlos Madrigal, un pastor protestante español que residió legalmente en Turquía durante más de tres décadas y trabajó al frente de iglesias en el país durante 21 años.
Madrigal ha respondido a las palabras del gobierno turco en un artículo en Evangelical Focus: “La respuesta de Turquía es un ejercicio de semántica para ocultar una estrategia sistemática: no nos 'deportan' oficialmente, sino que nos obligan a marcharnos revocando los permisos de residencia sin pruebas. Cuando esto ocurre en más de doscientos casos idénticos, deja de ser un incidente administrativo y se convierte en una política de expulsión encubierta que el Parlamento Europeo ha identificado correctamente”, escribe Madrigal.
Al pastor protestante se le revocó el permiso de residencia en 2022, tras ser etiquetado por los servicios secretos como una “amenaza para la seguridad nacional”. Todo ello, “sin aportar ninguna prueba”, explica Madrigal, “solo un archivo secreto de la inteligencia turca que ni nosotros ni nuestros abogados podemos ver. Si esto no es indefensión y acusación sin pruebas, ¿qué es?”.
“No uno interfiere en la gestión interna del país”, escribe Madrigal. “Pero Turquía ha firmado el convenio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En otras palabras, ha dicho al tribunal con su firma: 'si hacemos algo mal, dínoslo'. Y esto es lo que está haciendo el Parlamento Europeo, que no se aventuraría a tomar una decisión así sin pruebas en la mano”.
“La libertad religiosa debe tomarse en serio”
El eurodiputado Bert-Jan Ruissen (Países Bajos), uno de los promotores de la resolución, también se ha pronunciado: “El mensaje de nuestra resolución sigue siendo cristalino: las autoridades turcas deben dejar de obstruir a las iglesias y a los misioneros. Si Turquía quiere estrechar lazos con la UE y una unión aduanera renovada, debe demostrar que se toma en serio la libertad religiosa, lo que incluye permitir que se predique el Evangelio”.
Por su parte, el Partido Político Cristiano Europeo (ECPP), al que pertenece Ruissen, añade: “El Consejo y la Comisión, en particular la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, deberían tomarse este asunto en serio y plantearlo sistemáticamente en el diálogo político con Turquía”.
“Si Turquía continúa negándose a actuar, los países europeos deberían considerar medidas adicionales, incluida la suspensión de las actuales negociaciones de adhesión a la UE, tal como ya solicitó el Parlamento Europeo en su resolución de 2019”, concluyen desde el ECPP.
