El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Constitución Española con el objetivo de reconocer y “blindar” los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo explícitamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La propuesta plantea añadir un cuarto apartado al artículo 43 de la Constitución, dedicado a la protección de la salud, con el siguiente texto: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió que la iniciativa busca garantizar que este derecho pueda ejercerse de forma efectiva en todo el territorio. Según explicó, actualmente solo alrededor del 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros integrados en la sanidad pública, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.
Redondo señaló que la reforma responde también al contexto internacional, en el que —según afirmó— existe un “movimiento ultrarreaccionario” que cuestiona los derechos sexuales y reproductivos. Además, argumentó que el cambio constitucional reforzaría la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y consolidaría avances legislativos ya existentes.
La reforma requiere mayorías cualificadas para ser aprobada. Al tratarse de un artículo incluido en los principios rectores de la política social y económica, será necesario el respaldo de al menos tres quintas partes tanto del Congreso como del Senado. En determinadas circunstancias, el texto podría someterse también a referéndum si así lo solicita una décima parte de los parlamentarios.
Según las estadísticas oficiales presentadas por el Gobierno este pasado mes de octubre, en 2024 se practicaron 106.172 abortos, la cifra más alta en más de una década.
FEREDE: el Gobierno debilita la protección de la vida humana en formación
La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha publicado un comunicado en el que expresa su preocupación por la iniciativa del Gobierno.
Según la entidad, convertir el aborto en un derecho constitucional “debilita la protección de la vida humana en formación” y sería contrario al propio espíritu de la Constitución.
FEREDE señala que, aunque dentro del protestantismo no existe una única posición dogmática sobre el aborto, sí hay un amplio consenso en considerar que la vida es un don de Dios y que debe ser protegida desde su inicio.
La federación también cuestiona que exista un consenso suficiente en la sociedad y en el Parlamento para introducir este cambio en la Constitución. A su juicio, elevar el aborto a la categoría de derecho constitucional “supondría vaciar de contenido la protección de la vida prenatal”.
El comunicado recuerda además que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido la vida prenatal como un bien jurídico protegido y subraya la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de la mujer y la protección del nasciturus.
La Alianza Evangélica Española
La Alianza Evangélica Española (AEE) ya se pronunció sobre el debate del aborto en un documento publicado en octubre de 2025.
En ese texto, la entidad afirma que desde la perspectiva evangélica existe vida humana desde el momento de la fecundación, por lo que considera éticamente admisible el aborto únicamente en situaciones extremas, como un peligro claro para la vida de la madre o casos de inviabilidad fetal grave.
La AEE también criticaba que el debate público se centre exclusivamente en la decisión de la mujer sin considerar los derechos del no nacido. “Hablar de interrupción voluntaria del embarazo es obviar que no se desconecta un interruptor, sino que se elimina una vida”, expresa la AEE.
Asimismo, señalaba la necesidad de ofrecer más alternativas y apoyo social a las mujeres con embarazos no deseados.
El documento concluía calificando como “un contrasentido” la posibilidad de introducir el aborto como derecho constitucional y advertía del impacto social y demográfico de una elevada cifra anual de abortos en España.
Un debate presente también en Europa
El debate sobre la inclusión del aborto en las constituciones nacionales ha ganado relevancia en Europa en los últimos años. En 2024 Francia se convirtió en el primer país del mundo en incorporar explícitamente el derecho al aborto en su Constitución.
Tras aquella decisión, diferentes iglesias y entidades evangélicas francesas expresaron su preocupación por la medida, defendiendo la protección de la vida prenatal y cuestionando que el aborto deba ser considerado un derecho fundamental.
La propuesta presentada ahora por el Gobierno español sitúa este debate también en el ámbito constitucional en España, donde la reforma requerirá amplios acuerdos parlamentarios para prosperar, los cuales tienen muy difícil avanzar dada la configuración actual del Congreso.
