El Consejo Evangélico de Cataluña (CEC), junto con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), ha presentado un escrito de alegaciones a la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) de Barcelona, que regula el uso religioso y cultural en suelo industrial —especialmente en la zona 22a— con el objetivo de facilitar la regularización de varios lugares de culto evangélicos que hasta ahora se encontraban en situación de vulnerabilidad legal.
La iniciativa se enmarca en un proceso abierto después de que varias iglesias alertaran del riesgo de clausura de una veintena de centros, debido a la incompatibilidad del uso religioso en este tipo de suelo. A raíz de esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona inició una revisión del planeamiento urbanístico para dar respuesta a las demandas de libertad religiosa y de culto, en diálogo con las entidades representativas del mundo evangélico.
La importancia del diálogo institucional
El proceso se formalizó tras una reunión informativa el 24 de noviembre de 2025, y culminó con la aprobación inicial de la modificación el 12 de febrero de 2026, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. A partir de aquí, se abrió un período de exposición pública hasta el 12 de marzo para la presentación de alegaciones.
En este contexto, Guillem Correa, secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña, valora muy positivamente el camino recorrido: “Estamos muy contentos de que, por primera vez, el Ayuntamiento se plantee llevar una modificación del planeamiento urbanístico en este ámbito. Esto es muy importante y debemos verlo positivamente”.
Correa explica que el origen de todo fue la preocupación real de las comunidades: “La preocupación estaba en que todas estas iglesias podían verse obligadas a cerrar sus puertas”, lo que impulsó una acción coordinada para pedir cambios en el planeamiento.
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Alegaciones con voluntad constructiva
Las alegaciones presentadas por FEREDE y el Consejo Evangélico no cuestionan la modificación, sino que buscan perfeccionarla desde un punto de vista técnico y jurídico. Según Correa, “son sencillamente propuestas, con la voluntad de mejorar el texto y adaptarlo mejor a nuestra realidad”.
En esta línea, destaca que las aportaciones responden a la necesidad de asegurar una aplicación efectiva de la norma: “Como no sabemos si hay aspectos que pueden no responder del todo a nuestra realidad, lo que hacemos es proponer mejorar el efecto desde nuestra perspectiva”.
Pluralidad religiosa y cohesión social
Uno de los elementos clave de la modificación es el reconocimiento de la pluralidad religiosa dentro del tejido urbano de Barcelona. Correa pone en valor el consenso institucional alcanzado: “No solo es el equipo de gobierno, sino prácticamente la mayoría de fuerzas políticas, que están en la misma línea de hacer una ciudad que reconozca su pluralidad religiosa y garantice espacios de libertad religiosa”.
Finalmente, insiste en la importancia de que esta voluntad política se concrete: “Valoramos que este reconocimiento no sea solo una declaración de intenciones, sino que se manifieste en realidades concretas que respondan a demandas concretas”.
La modificación del PGM representa “un paso importante hacia el reconocimiento efectivo de la pluralidad religiosa” en Barcelona, y un ejemplo de cooperación entre administraciones públicas y confesiones religiosas con arraigo en el territorio.
