En la mañana del miércoles 18 de febrero se celebró una reunión con representantes de Mesa Salmo 15 (MS15) en la sede oficial del Defensor del Pueblo en Madrid.
En concreto, por parte de esta plataforma evangélica que lucha contra la agresión sexual en el entorno eclesial religioso acudieron Asun Quintana, Andy Wickham y Pedro Tarquis. Los interlocutores en representación de la defensoría del pueblo fueron Andrés Jiménez Rodríguez, psicólogo y director del área de seguridad y justicia, y Antonio Fernández Barba, abogado y técnico del área de estudios, documentación y atención al ciudadano.
A lo largo de hora y media, MS15 presentó su visión y el trabajo desarrollado desde sus inicios hace un año, encontrando una coincidencia de enfoque con la actuación del Defensor del Pueblo en la investigación de las agresiones sexuales cometidas por sacerdotes en la Iglesia católica. Se destacó la importancia del trabajo multidisciplinar realizado en este ámbito, así como la necesidad de reforzar la coordinación institucional y la sensibilización social.
Tras exponer la situación actual de la iglesia evangélica en España y su preocupación por la existencia y posible progresión de esta problemática, desde MS15 se planteó un refuerzo, mediante una reafirmación efectiva de la Ley (no como reforma legislativa), proponiendo medidas concretas de prevención, sensibilización y énfasis interpretativo que permitan su correcta aplicación, especialmente en aquellos supuestos donde existe prevalimiento de autoridad.
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[photo_footer]Andy Wickham, Asun Quintana y Pedro Tarquis en la entrada de la sede del Defensor del Pueblo[/photo_footer]
La agresión sexual y la reafirmación de la Ley
La línea principal a la hora de concretar la conversación condujo a una conclusión relevante: la vía más eficaz no es reformar la Ley, sino lograr su correcta aplicación y reafirmación institucional, asegurando que se interprete y aplique con firmeza en los casos donde exista una clara asimetría de poder.
Se subrayó de manera especial la necesidad de reconocer jurídicamente que, cuando existe una relación de cualquier tipo de autoridad (incluida la autoridad espiritual, el liderazgo religioso o superioridad manifiesta) si se produce una agresión sexual contra una mujer adulta, puede concurrir un consentimiento viciado, debido a la situación de vulnerabilidad generada por la dependencia (jerárquica, espiritual, emocional o institucional). En estos casos, la asimetría de poder y el prevalimiento deben ser considerados agravantes de forma expresa y rigurosa.
En este sentido, se abordaron distintas posibles medidas dentro del marco de reafirmación de la Ley, entre ellas:
- Medidas interpretativas, sin necesidad de modificar el Código Penal, como la posibilidad de que la Fiscalía emita una Circular o Instrucción indicando expresamente que las conductas de agresión sexual cometidas en contextos de liderazgo religioso o autoridad espiritual, cuando exista relación de superioridad y dependencia, encajan en el agravante de prevalimiento de superioridad (art. 22.2 del Código Penal) y en los delitos contra la libertad sexual (arts. 178 y siguientes del Código Penal), debiendo valorarse especialmente el consentimiento viciado por vulnerabilidad en víctimas adultas.
- Medidas institucionales de prevención y sensibilización, tales como la formación obligatoria y específica de operadores jurídicos (jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos psicosociales), que incluyan el estudio del abuso de poder espiritual, las dinámicas de manipulación religiosa, el impacto psicológico en víctimas adultas y la identificación del consentimiento condicionado o invalidado por la asimetría de poder.
- Medidas políticas de reafirmación, como la aprobación en el Parlamento de una Proposición no de Ley (PNL) que reconozca formalmente la gravedad de las agresiones sexuales cometidas mediante prevalimiento de autoridad en relaciones asimétricas de poder entre adultos, instando al Gobierno y a la Fiscalía a aplicar la Ley con firmeza y perspectiva de vulnerabilidad.
- Declaraciones institucionales por parte del Congreso o del Senado que reconozcan expresamente la especial gravedad de las agresiones sexuales cometidas bajo cobertura de autoridad espiritual o liderazgo religioso, así como la obligación del Estado de proteger a las víctimas adultas cuando su consentimiento se encuentre viciado por una situación de dependencia o subordinación.
Tras el diálogo en torno a estas propuestas, los representantes del Defensor del Pueblo se mostraron abiertos y dispuestos a recibir y atender posibles situaciones de silencio administrativo o respuestas inadecuadas por parte de instituciones públicas que pudieran surgir en el desarrollo de esta línea de reafirmación legal.
Un respaldo que desde MS15 agradecieron y tendrán en cuenta en su trabajo futuro; comentando posteriormente a este medio que a estas medidas añadirán la continuidad de su línea de sensibilización, información, formación y prevención del abuso sexual en el seno de las iglesias evangélicas, así como en la atención y restauración de las víctimas.
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